URUGUAY: Agua que no has de beber…

Plastico costa   URUGUAY: Agua que no has de beber…

El viernes 27 de febrero, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) publicó un decreto que prohíbe la modificación del tapiz vegetal, el laboreo de la tierra y la aplicación de agroquímicos en la cuenca del río Santa Lucía. Se trata de una medida que busca preservar la franja de amortiguación (zona vegetal que se encuentra en la ribera de los ríos), ya que el río Santa Lucía es la principal fuente de agua potable del país.

Se trata de la ampliación del punto Nº 8 del Plan de Acción para la Protección de la Calidad Ambiental y la Disponibilidad de las Fuentes de Agua Potable en la cuenca del río Santa Lucía, que data de mayo de 2013.

Esta nueva reglamentación busca revertir el proceso de eutrofización (enriquecimiento por nutrientes) que presenta la cuenca, como consecuencia de los aportes continuos y difusos provenientes de distintas fuentes. Una de las causas de la eutrofización es la contaminación proveniente de la actividad agropecuaria e industrial.

Cabe destacar que la franja de amortiguación reduce el transporte de nutrientes y contaminantes del suelo al agua cuando se producen lluvias, y para restablecer la condición hidromorfológica del río hay que limitar las actividades productivas lindantes a los cursos y al cuerpo de agua.

Para ello, las autoridades deberán realizar un estricto contralor, tanto en el ámbito público como en el privado.

Para explicar los alcances de estos planes, Caras y Caretas consultó al doctor en Biología Luis Aubriot. Para el especialista, las medidas adoptadas por el ministerio, en general, son buenas, pero tienen matices con los que discrepa. Por ejemplo, el decreto no contempla las cañadas y los arroyos menores que desembocan en los cursos principales. Estas cañadas y arroyos se encuentran en predios privados que desarrollan una actividad productiva que es fuente de aporte de nutrientes, producto de la fertilización o, en el caso de la actividad ganadera, de los desechos de los animales. Por el efecto arrastre de la lluvia, estos materiales corren por el terreno y llegan a los cursos de agua sin necesariamente pasar por la zona de amortiguación.

Otro de los puntos de diferencia es la delimitación del área que no podrá ser modificada por la actividad productiva. Según el biólogo, es necesario tener en cuenta la zona de inundación, ya que las precipitaciones “pueden hacer que los cursos de los ríos lleguen a lugares en los que fueron aplicados fertilizantes o agroquímicos. Estos se diluyen con el agua y son trasladados desde el campo hacia el agua. La franja vegetal minimiza ese impacto, funciona como un filtro cuando el río se inunda”, aseguró Aubriot.

Es importante señalar que cuando un terreno está cubierto por el agua hay un intercambio de sustancias, hay retención de muchas de las partículas que transporta el río y hay una captación de materia orgánica de la zona vegetal, por tanto el agua es dadora y receptora de nutrientes.

“La franja de amortiguación -la zona con vegetación ribereña- es legislada en varios países, porque ayuda a retener lo que arrastra el agua cuando llueve sobre terreno cultivado; las precipitaciones pueden hacer que lleguen a los cursos del río fertilizantes o agroquímicos que se diluyen con el agua. Además, la franja vegetal minimiza ese impacto y funciona como un filtro cuando el río se inunda”, aclaró.

Aubriot indicó que en Estados Unidos, por ejemplo, es tomada en cuenta la zona de inundación para empezar a contar los metros de franja vegetal necesaria para la conservación ambiental.

“El área inundable es considerada parte del propio río, porque tarde o temprano va a haber agua en ese lugar. Se deberían considerar estas zonas para el inicio de la medición del sector de amortiguación”, dijo.

Por el contrario, las autoridades uruguayas decidieron no tener en cuenta este aspecto y decidieron tomar la ribera normal del río -y en algunos casos, la mitad de este- para delimitar esta área de amortiguación. “En unas zonas se toma a partir de la costa y en otras a partir del centro del río, esta especie de vereda es variable”, afirmó Aubriot.

La franja va desde los 25 a los 75 metros, y en los embalses se llegaría a los cien metros.

Hay puntos específicos que preocupan a Aubriot, como la cercanía de la localidad de Aguas Corrientes, donde OSE tiene una toma de agua.

“En la confluencia entre el río Santa Lucía y el arroyo Canelón existe un monte bastante importante. Si ahí tomo una zona de exclusión de cuarenta metros, quedo dentro del área inundable, que llega a los 450 metros en algunos tramos. Me queda la duda sobre lo que va a pasar en los 410 metros restantes, factibles de explotación. Sería un impacto muy grande que sólo se consideraran esos cuarenta metros”.

Otras partes conflictivas son las ubicadas cerca de San Ramón y Fray Marcos, en las que se ha cultivado hasta la orilla “lo suficiente como para que el tractor gire y no caiga al río. Eso es una aberración para lo que es la calidad del agua”, puntualizó.

Con el decreto emitido, los productores deberían cumplir con el área de exclusión, pero además se tiene que recuperar la flora. “Está planteada la posibilidad de reponer el monte ribereño, pero hay que ver cómo se maneja el tema, porque implica estudios y la participación de gente especializada”.

Consultado sobre el tiempo que llevaría reconstruir la zona, dijo que demorará años o décadas.

La calidad del agua

Sobre la calidad actual del agua del río Santa Lucía, Aubriot dijo que no ha variado desde los estudios realizados por la Dinama (Dirección Nacional de Medio Ambiente) en 2009 y 2011.

“Hace poco iniciamos una nueva evaluación; lo que vemos, a grandes rasgos, es que no ha cambiado mucho. Las medidas que se están tomando están en el plano de los papeles. Los niveles de aportes son malos y están por encima de la legislación”, dijo.

El biólogo señaló que el grupo de trabajo de la Facultad de Ciencias está tomando mediciones para la elaboración de un nuevo estudio.

A lo largo del cauce hay algunas industrias que siguen vertiendo desperdicios en forma considerable en el río Santa Lucía. Eso, a diferencia de los aportes difusos (los que suponen una volumen importante sólo durante las lluvias), son aportes continuos, es decir, se producen día a día.

“Las industrias de la zona tiran enormes cantidades de fósforo, nitrógeno y, sobre todo, amonio. Eso hace que la calidad del agua del arroyo Canelón Chico, que desemboca en el Santa Lucía, sea de las peores de la cuenca. Las industrias se modernizaron mucho en su producción, pero eso no se vio reflejado en el cuidado ambiental. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales que utilizan, en general, datan de la década del setenta. Estamos extremadamente atrasados en eso”.

Para Aubriot, existe coincidencia entre los intereses de los expertos de la Facultad y OSE.

“A nosotros, como institución, nos interesa la preservación de los ecosistemas naturales del país y el cuidado de la salud de la población. Esta cuenca necesita una protección muy fuerte porque es fuente de agua potable y es un ambiente natural a ser conservado para las siguientes generaciones; en esto coincidimos con los objetivos de OSE. Para las autoridades es fundamental recibir el agua lo más limpia posible, para reducir los gastos y la operativa de potabilización”, señaló.

Los estándares del agua

Un grupo de investigación de la Facultad viene realizando, junto a la Dinama, un trabajo para unificar la información de más de sesenta ambientes acuáticos. Los datos obtenidos dan cuenta de cómo los valores se alejan de la normativa vigente.

Uno de los indicadores de la calidad del agua es el nivel de determinados compuestos, como el fósforo. La norma, que es de 1979 (Decreto 253/79), señala que la cantidad natural que deberían tener los ambientes en Uruguay es de 25 microgramos por litro. “Es una cantidad relativamente baja, y muy exigente”, dijo Aubriot.

Estudios realizados encontraron en el Santa Lucía que las concentraciones normales están entre 300 y 600 microgramos por litro, mientras que en el arroyo Canelón están en el entorno de los 1.500, y en ocasiones superan los 2.000 microgramos por litro. La normativa no se está cumpliendo con claridad.

Es cierto que la normativa tiene un nivel muy exigente, sin embargo, valores de 100 microgramos por litro como un valor natural en aguas que corren y que se pueden detener por la construcción de una represa o el efecto de una sequía, son lo suficientemente altos como para favorecer el crecimiento de cianobacterias tóxicas. Son valores capaces de hacer crecer una enorme cantidad de biomasa.

Hay que destacar que, en general, ni el nitrógeno ni el fósforo son contaminantes por sí mismos. Que se encuentren en al agua no significa que produzcan daños a la salud (excepto los altos niveles de amoníaco y nitrato). Lo que sucede es que estimulan el crecimiento de microorganismos que, por su metabolismo, producen toxinas que sí son dañinas. Las cianobacterias no son patógenas; no invaden el cuerpo humano ni lo infectan. “Viven en el agua, y en su ciclo vital, por su adaptación al ambiente, producen sustancias tóxicas que son perjudiciales para la fauna, la flora y para nosotros. Producen neurotoxinas paralizantes muy similares a las de la marea roja. También producen hepatotoxinas que dañan el hígado y dermotoxinas que causan irritación en la piel y los ojos. Todos estos son efectos agudos, de corto plazo, pero en animales que toman grandes volúmenes de agua pueden provocar la muerte. Ya sucedió en el Río Negro que un animal enfermó y murió después de tomar agua directamente de la orilla, donde están estos organismos acumulados. También hay efectos a largo plazo, enfermedades crónicas al hígado y al estómago. Las dos fases de sus efectos son las más preocupantes”, dijo Aubriot.

Estas toxinas se pueden reducir o retener con los procesos de potabilización que realiza OSE, pero sobre todo con la aplicación de carbono activado. Este es un material muy caro que implica una inversión muy grande, pero “no hay más remedio que usarlo cuando se detectan esos organismos en el agua”.

En la actualidad se aplican en el Río Negro y en la cuenca del Santa Lucía cuando se registran estos fenómenos. Es un polvo que se aplica en el tratamiento del agua.

Aubriot dijo a Caras y Caretas que el grupo de la Facultad de Ciencias está trabajando en el estudio de la calidad de las aguas en los territorios al norte de Aguas Corrientes. Mediante un convenio con OSE, están elaborando un sistema de alerta temprana de la presencia de cianobacterias que le permitirá a la empresa pública detectar en tiempo real la presencia de organismos. Con esos datos se podrá tomar decisiones, por ejemplo para la aplicación de carbón activado, en tiempo y forma.

“El fenómeno se hace mucho más complejo en la cuenca del Santa Lucía, porque normalmente el agua tiene niveles muy bajos de cianobacterias, pero su tipo de agua es extremadamente estimulante para el crecimiento de ellas”.

Estos bajos valores se deben al tiempo de retención: el agua tiene un flujo que no da tiempo para que crezcan y se desarrollen a lo largo del curso.

“Existe la eventualidad de que ingresen inóculos (un volumen de agua con grandes cantidades de organismos) y comienzan a recorrer el río aguas abajo. Esa agua puede provenir de algunas industrias o de productores. Además, hay pequeños embalses o tajamares. Se trata de una especie de inyección de organismos en puntos específicos, que afectan el agua que viene fluyendo a determinada velocidad. Esa masa de organismos va a aparecer en la toma de OSE en un momento dado. Son eventos rápidos y sorprendentes, por eso es necesario el sistema de detección temprana y en tiempo real”, dijo.

Fuente: Caras y Caretas / Por Belén Riguetti