Desviar la acción ecologista y acostumbrarnos a la contaminación

pescados cardumenesEl “gatopardismo” también existe en el terreno ecológico y asume diversas formas. Una de ellas, por lo menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, consiste en el control de las ONG ecologistas -potencialmente influyentes a partir de la combinación frecuente de altos niveles técnicos y arrojo político- en base a su financiación. Las “Foundations” norteamericanas y europeas que financian ONG feministas, de lucha contra la pobreza, en favor de los Derechos Humanos, entre otros temas, también financian actividades y proyectos ecologistas. El control es más o menos sutil: se trata de aportar dinero para líneas de trabajo que si bien puntualmente pueden implicar conflictos ecológicos contra empresas y gobiernos, en términos generales terminan formando parte de las estrategias de poder globales. Un buen ejemplo en Uruguay es la campaña para la regulación del consumo de marihuana: allí se aprovechó y también se incentivó un movimiento juvenil, se manipuló al principal partido político local y se impuso una legislación que a cambio de permitir el autocultivo y el consumo fuertemente controlado de marihuana, abrió las puertas a las corporaciones trasnacionales vinculadas a la poderosa industria farmacéutica. Se trata de cambiar para que las cosas sigan igual, o más exactamente, para que los cambios descompriman a la sociedad, alivien la situación de los grupos de presión locales pero permanezca incambiado el statu quo y de hecho se refuercen las principales relaciones de poder. En materia de ecología y educación ambiental, este gatopardismo se expresa, entre otras cosas, en el desarrollo de decenas de proyectos de educación ambiental cuyo fundamento es la “toma de conciencia” -es decir, el cambio subjetivo, desde cada ciudadano- y la modificación de los hábitos de consumo, culpabilizando al consumidor y generándole impotencia a partir de mantener intocado el enorme aparato publicitario que fomenta el consumismo, las estrategias de crecimiento económico a toda costa, el rol de las grandes empresas y del Estado en la contaminación.

Las acciones de los activistas y profesionales ecologistas se “distraen” y al mismo tiempo, el manejo de los medios masivos de comunicación -aunque cabría más llamarles de “difusión”, simplemente- va generando una ampliación del margen de tolerancia ciudadana a la contaminación. Los informes estatales de OSE, por ejemplo, en relación a la contaminación del agua, han permanecido más o menos en secreto “para no generar alarma pública”, es decir, para que la toma de conciencia no sea tanta y sobre todo para mantener la inacción de la población. Simultáneamente el gobierno concentra la política ambiental en un nivel secretarial en Presidencia, es decir, fuera del control parlamentario, por las dudas, y anuncia con pompa una serie de medidas en relación únicamente a la cuenca del Santa Lucía -cuando en los hechos todas las cuencas hidrográficas uruguayas están gravemente contaminadas en virtud del modelo de agricultura industrializada y tóxico-dependiente- y que, ¡oh, casualidad!, no apuntan a los contaminadores difusos (agroquímicos) sino a los concretos (vertimientos, etc.).

Uno empieza a observar a su alrededor, que la gente que tiene un nivel medio de ingresos ha adquirido la costumbre de comprar filtros de agua y preparar los alimentos con agua mineral sin gas, en la creencia que así puede salvarse, y esto puede interpretarse como un indicador de dos cosas: por un lado el éxito de la política de acostumbramiento de la población y por otro lado la resignación a asumir una externalidad más del desarrollo. El lucro de las grandes empresas agrícolas gotea enfermedad, pobreza y elevación del costo de vida de la población en general. Ni que hablar que los mayores niveles de contaminación, especialmente en el agua, afectan más a la población más pobre, con menos posibilidades de filtrar y comprar agua de otros orígenes.

Que algún representante parlamentario haya vuelto a poner en juego -justo en esta época de explotación política de la violencia jihadista- el término “terrorismo” para referirse a quienes no se hacen eco de la desidia y la complicidad estatal en el aumento previsible de la contaminación -dada la estrategia de acumulación centrada en la explotación desmedida y desregulada del medio ambiente- habla a las claras del carácter consciente de esta operación política, por lo menos para algunos operadores políticos. Un exceso retórico, sin dudas. Ojalá no una muestra de la voluntad represiva del Leviatán.
Fuente: La Hora Verde. Uruguay

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