Uruguay, “Pesca Ilegal No Declarada No Reglamentada”.


Fue de los primeros países en adherir al Programa de Estado de Puerto Rector de la FAO para luchar contra la Pesca Ilegal No Declarada No Reglamentada pero le brinda apoyo a los barcos que operan en el Atlántico Sur y se perfila como su más importante base logística.

En la Argentina no muchos hablan de esto, no lo hace ni lo hizo nunca el Gobierno Nacional, tampoco los grandes diarios. No hablan de Uruguay desde el altercado por las papeleras de Botnia aunque comparado con del impacto ambiental y económico que genera su rol en la Pesca Ilegal No Declarada No Reglamentada en el Atlántico Sur, ese problema resulta irrelevante. Tampoco se ha condenado su rol en ámbitos internacionales, pese a que Uruguay forma parte del Programa Estado Rector del Puerto (PSMA) de la FAO, cuyo funcionamiento es oficial y vinculante desde julio de 2016. Desde el año pasado y quizás como consecuencia de su adhesión al plan PSMA nuestros vecinos buscan dar un viso de legalidad al aprovisionamiento y reparación de los barcos que operan en la Milla 201, celebrando acuerdos con empresas chinas que, según denuncian los propios uruguayos, podrían tratarse de pantallas para la Pesca INDNR. Gracias a las denuncias de los pobladores del Departamento de Rocha, mañana deberá dar explicaciones al respecto el Ministro de Agricultura Ganadería y Pesca en la Legislatura oriental. Hablar de Uruguay cuando está concluyendo la semana de los Océanos resulta oportuno y necesario.

La Pesca INDNR genera pérdidas mundiales por 23.000 millones de dólares y unas 26 millones de toneladas, además de explotación laboral y violaciones a los Derechos Humanos como el abuso sexual y dudosas muertes en altamar. Situación que reconocieron funcionarios de la Unión Europea en 2015 en Vigo, durante el acto aniversario por los 20 años del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO (Ver Pesca ilegal y esclavitud en los 20 años del Código de Conducta de la FAO).

El Atlántico Sur es uno de los lugares predilectos de los barcos piratas que llegan desde distintas partes del mundo, China, Taiwán, Corea, España y Rusia básicamente. El rescate de un marinero realizado el lunes pasado por la Prefectura Naval Argentina en un barco español con tripulación senegalesa es el más claro ejemplo de la diversidad en el Atlántico, aunque está claro que quienes dominan la zona son los asiáticos.

El rol de Uruguay es vital para la existencia y abrumador éxito que tiene la pesca ilegal en el Atlántico Sur; es un socio estratégico, fundamental para dar rentabilidad extraordinaria al negocio. Si no existiera como base de operaciones, los barcos piratas tendrían que recorrer miles de kilómetros para abastecerse de combustible, de alimentos y realizar reparaciones; pero de esta forma pueden pescar sin parar todo el año.

Esta es una realidad que nadie desconoce, los biólogos y empresarios argentinos que visitan el puerto de Montevideo hablan de barcos chinos en tercera y cuarta andana; los reportes de Océana y Observación de la Pesca Global (GFW) presentan miles de casos de transbordos pesqueros en alta mar o transshipping y las exportaciones uruguayas, que son mayormente de terceros países, esconden la venta de la captura ilegal, según denuncia el activista Milko Schvartzman (Ver Se hace evidente el rol de Uruguay en la pesca INDNR en el Atlántico Sur).

La pesca ilegal en el Atlántico Sur parece imposible de parar; la salud de los océanos es hasta el momento solo una promesa en la mesa de las naciones. La FAO se ha planteado como meta el año 2020 para erradicarla a partir de la puesta en marcha del Programa Estado Rector del Puerto –PSMA–, que generó convenios con la Unión Europea y 45 Estados entre los que se encuentra, irónicamente, Uruguay.

El Programa PSMA está vigente y con carácter vinculante desde 2016, pero los países no lo aplican y recién la semana pasada, en Noruega, la FAO se reunió con naciones miembro para debatir sobre cómo será el intercambio y divulgación de la información de los barcos que ingresen a puerto. Pese a ello, por el momento en el Atlántico Sur no se han tomado medidas que restrinjan drásticamente la Pesca INDNR.

La atención a estos barcos por parte de Uruguay ha sido legitimada hasta por el propio titular de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos –DINARA– Daniel Gilardoni. Ante la consulta del diario El País de Montevideo, dijo que “cuando uno ve la realidad, se da cuenta de que hay cosas que son difíciles de cambiar y también hay que ver qué beneficia al país”.

El funcionario explicó que estos barcos no son bienvenidos en la Argentina ni en Brasil, donde además deben pagar altos impuestos; y que si Uruguay no presta este servicio otro lo hará y que como opción se está “buscando dar vuelta la situación” con la aprobación del Acuerdo PSMA firmado con la FAO, el que dijo “será reglamentado a la brevedad”.

“A partir de ese momento cualquier barco de bandera extranjera, pesquero o de apoyo a la pesca, va a tener que presentar una solicitud al DINARA, 72 horas antes de su arribo”; y será esta institución la que apruebe o no el ingreso del buque.

Como bien dice Gilardoni, Uruguay deberá solicitar autorizaciones de pesca, controlar la captura y los mercados a los que ésta va dirigida, poniendo a disposición de la FAO y de los países de la región dicha información; pero eso no ocurrirá en el corto y lo que sospechan los propios uruguayos es que su país se está armando como base de operaciones de esta flota, especialmente la china, dándole el control del puerto.

A partir de las denuncias realizadas por un biólogo del Departamento de Rocha y la comunidad pesquera de ese lugar, se pudo saber que existen en carpeta al menos tres proyectos de construcción de plantas de procesamiento, abastecimiento y reparaciones de buques chinos sobre las que deberá dar explicaciones el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca ante la Legislatura.

El rol de Uruguay en la Pesca INDNR del Atlántico Sur es un tema que no puede pasarse por alto en la Semana de los Océanos si lo que se busca realmente es luchar por la sustentabilidad y la seguridad alimentaria. La Argentina, como su primera víctima, tampoco debería guardar silencio, dado que no solo es una amenaza para nuestros recursos sino para nuestra industria, que debe competir en los mercados del mundo con las capturas ilegales de la Milla 201.

Uruguayos denuncian a Uruguay

El diario El País de Montevideo publicó el sábado pasado una nota de Paula Barquet titulada “Uruguay en las redes chinas”, que analiza en profundidad la relación entre ambos países, las inversiones comprometidas, el rol del gobierno, del DINARA y la Pesca INDNR.

En el artículo, funcionarios reconocen la aprobación de un proyecto al Grupo empresario chino Helishen para explotar anchoíta y merluza negra dentro de la Zona Común de Pesca Argentino Uruguaya y en aguas internacionales, en sociedad con la firma uruguaya Goldenstar en el Departamento de Rocha. También reconocen la existencia de otro proyecto de capitales chinos para la creación de un Puerto con Zona Franca en Punta Sayago y el interés de empresarios de la provincia china de Shandong de financiar el traslado del puerto de Montenvideo a Capurro.

El intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, dijo al diario El País que “lo que existe por ahora es la ratificación de interés”, pero confirmó que buscan operar con seis barcos construidos en China y que invertirán unos 50 millones de dólares. A la vez señaló que el lugar ya fue visitado en cinco oportunidades por funcionarios chinos y hasta firmaron un acuerdo de hermanamiento con el municipio de La Paloma, que incluye la pesca.

El DINARA aprobó el proyecto y habilita a tres de los barcos a pescar no solo merluza negra sino también atún. Ahora resta que se otorguen los permisos: la condición interpuesta para el ingreso de las embarcaciones es que no tengan antecedentes de pesca ilegal y se ajusten a las normas nacionales e internacionales.

El biólogo Rodrigo García Pingaro, oriundo de Rocha, denunció que la planta que se pretende construir, a su entender, funcionará como pantalla para la Pesca Ilegal y busca frenarla a través de una petición de Change.org con la que convocó a la población titulada ” @TavareVazquez NO permitan que Empresas Chinas pesquen en nuestras Costas”, dirigida a la Intendencia de Rocha y al Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, que ya consiguió 12.650 firmas.

Por otra parte, en noviembre pasado nos enteramos, a través del diario La República, de la inversión que realizaría el Grupo empresario chino Shandong BaoMa Fishery en Punta Sayago, una base de operaciones que incluye un muelle, astillero de fabricación y reparación de barcos, fábrica de hielo, depósito de petróleo, edificios de oficinas y viviendas para los operarios (Ver Uruguay mejorará la logística para los barcos piratas).

“El objetivo principal es construir una base logística para la reparación, mantenimiento y suministro de recursos materiales para flotas pesqueras del Atlántico Sur”, le había dicho el gerente General de la firma, Jiang Hongjun, al periódico uruguayo. Pero luego el director del DINARA aseguró que “manifestaron su interés, pero no pusieron un proyecto arriba de la mesa” y que no hay noticias de que el tema haya avanzado en otros ministerios.

Por el momento la inversión, que parecía un hecho, se encontraría frenada; pero en cambio sigue su curso el traslado del Puerto de Montevideo a Capurro y allí también existirían intereses chinos. Según denuncia El País, ya en 2013 empresas provenientes de la ciudad de Qingdao, provincia de Shandong, habían manifestado expresamente su interés en ser socios de Uruguay y financiar el puerto en Capurro.

Este viernes y con siete meses de demora el ministro de Agroindustria Tabaré Aguerre concurrirá a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Legislatura uruguaya para dar explicaciones sobre los acuerdos que ya se han realizado y los que se piensa aprobar. Fuente: RevistaPuerto.com.ar

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