Pesca ilegal: acuerdo internacional crea fondo para países en desarrollo

Uruguay es otro ejemplo de la falta de implementación. Fue uno de los primeros países en ratificar el acuerdo, pero aún no lo pone en práctica. Y es más, en 2017 Montevideo fue elegido como el segundo puerto del mundo para la descarga de pesca ilegal.
Uno de cada cinco pescados que se comercializan en el mundo provienen de la pesca ilegal, esto es, en promedio unas 26 millones de toneladas por año, lo que equivale a aproximadamente US$23.000 millones de dólares. En América Latina, si bien no hay cifras exactas, se estima que anualmente llegan 900 barcos pesqueros ilegales provenientes en su mayoría de China, Taiwán, Corea del Sur, España y Portugal. A principio de mes (6 de junio), los representantes de los países firmantes de un acuerdo internacional puesto en marcha en 2016 —que busca frenar esta actividad— se reunieron en Santiago de Chile y anunciaron la creación de un fondo para que los países en desarrollo puedan implementar las medidas necesarias para hacer valer el acuerdo.

El Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y firmado, hasta ahora, por 60 países, busca disminuir la pesca ilegal fiscalizando a los barcos pesqueros que están fuera de la ley e impidiendo que descarguen en los puertos. La pesca ilegal no solo considera las capturas hechas en las zonas comerciales exclusivas, sino también en las zonas protegidas y con vedas, además de la captura no regulada o declarada. Ahora, en la segunda reunión del AMERP, los miembros aprobaron, entre otras medidas, la creación de un fondo para que los países en desarrollo puedan establecer un marco jurídico que permita poner en marcha el acuerdo.

El fondo también busca facilitar la participación en reuniones y actividades relativas a la aplicación de medidas del acuerdo, capacitar recursos humanos, dar asistencia técnica a administradores portuarios, inspectores y personal encargado de la ejecución y los aspectos jurídicos. Noruega, informó en el plenario, aportará US$ 2,5 millones para la capacitación de los países del AMERB. Otra medida que se acordó fue la implementación de un cuestionario para determinar cómo se está implementando el acuerdo en cada país y cuáles son las brechas entre los miembros. Sobre este último punto hubo una gran discusión, asegura a SciDev.Net Alicia Gallardo, directora nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de Chile (Sernapesca) y presidenta de la reunión que se realizó en Santiago. “Costó que los países se pusieran de acuerdo, pero esta herramienta será fundamental para determinar cómo está funcionando el acuerdo”, agrega. Se espera tener los primeros resultados del cuestionario para la próximo reunión del AMERP en 2020. “Además, dado que Chile tiene experiencia con el uso del posicionamiento satelital, queremos liderar el proceso de intercambio de información electrónica y abogar por la transparencia”, dice la especialista. El objetivo es tener un sitio en línea, a modo de repositorio, donde se puedan encontrar los datos de todo el mundo y, entre otros, los barcos que realizan pesca ilegal. El intercambio de información es fundamental para la lucha contra la pesca ilegal, dice a SciDev.Net Milko Schvaltzman, especialista en conservación marina y coordinador del Proyecto Oceanosanos. “Lo que hace falta es prevención. Hoy los barcos sancionados vuelven a pescar porque si bien hay una lista negra, es consensuada por los países”, explica. En otras palabras, solo un voto basta para que una nave no quede fichada. Sobre las capturas realizadas por los barcos que operan anualmente de manera ilegal en la región, Schvaltzman lamenta que “las fuerzas armadas logran atrapar menos del 1 por ciento cada año”.

La mayor concentración de esta actividad se localiza al borde de la zona económica exclusiva de Argentina y Perú, en donde se pueden contar 500 barcos a la vez; pero también se observan decenas de embarcaciones en las fronteras marítimas de Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, en menor medida, continúa el especialista. “Este acuerdo es muy importante porque abre la puerta para que más organismos sean parte del proceso de control”, dice a SciDev.Net Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana Perú. Pero el problema, continúa, es la coordinación e implementación, sobre todo a nivel de países. Han pasado casi tres años desde que Perú ratificó el acuerdo y todavía no lo implementa, y aún no hay fecha para ello, ejemplifica el especialista. “Si bien esto es negativo, en Perú tenemos un control bastante fuerte sobre todo lo que sale del país por el tráfico de drogas, lo que nos permite tener cierto registro sobre la pesca”, dice.

Uruguay es otro ejemplo de la falta de implementación. “Fue uno de los primeros países en ratificar el acuerdo, pero aún no lo pone en práctica. Y es más, en 2017 Montevideo fue elegido como el segundo puerto del mundo para la descarga de pesca ilegal”, asegura Schvaltzman. En Latinoamérica, Chile, Costa Rica, Cuba, Bahamas, Dominica, Granada, Ecuador, Guyana, San Vincente y las Granadinas, y Panamá, además de los ya mencionados, han suscrito al acuerdo, mientras que Argentina y Brasil no. Pero estos últimos no reciben barcos pesqueros extranjeros en sus puertos, lo que reduce el riesgo de la pesca ilegal, aunque no todas sus consecuencias. La grandes flotas pesqueras llegan a Sudamérica en busca de recursos porque ya los agotaron en el hemisferio norte. “Por ejemplo, la flota china lo que más pesca es calamar gigante”, dice Schvaltzman. El problema es que aunque no lo haga en las zonas económicas exclusivas, igualmente afectan a las poblaciones. A ello se suman estadísticas imposibles de actualizar para conservar a las especies. Fuente: https://www.scidev.net