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Libertad para investigar y comunicar amenazada por un decreto del MGAP

15/07/2018

Científicos: prohibido pescar
Eduardo Blasina

Más allá de los avatares de nuestra coyuntura como país, el desarrollo que logremos en el largo plazo estará dado por el grado de conocimiento científico, investigación y desarrollo que seamos capaces de desenvolver. Adoptar sistemáticamente una aproximación científica a la solución de los problemas permite aceptar la realidad tal cual es, así entenderla y llegar o al menos aproximarse a las mejores soluciones para corregir problemas e intentar llegar a las mejores soluciones.

Cuán competitivos seamos, qué calidad de ambiente tengamos, cuánta sea la esperanza de vida y la mortandad infantil, cuán bien nos organicemos, todo depende de la ciencia en varios niveles: ser capaces de tomar buenas decisiones, adoptar las mejores prácticas del exterior, y descubrir las mejores soluciones propias.

Propone el biólogo británico Richard Dawkins, en su último libro, Ciencia en el alma que “las decisiones políticas, las decisiones de Estado, las políticas para el futuro, deben derivar de un pensamiento claro, una consideración racional de todas las opciones, la evidencia que las acompaña y sus posibles consecuencias. Las intuiciones, las corazonadas, incluso cuando no surjan de las oscuras aguas agitadas de la xenofobia, la misoginia u otros prejuicios ciegos, deben permanecer fuera de los criterios de decisión”.

Desde esa perspectiva debe causar fuerte alarma el proyecto que intenta reglamentar la investigación científica que ha decretado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El Decreto del Poder Ejecutivo 115/018, del 24 de abril, que reglamentó la Ley de Recursos Hidrobiológicos (N° 19.175), aprobada el 20 de diciembre de 2013, en el artículo 44 establece que “Los permisos para la pesca con fines de investigación, científicos o docentes, podrán ser solicitados a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) por personas físicas o jurídicas con fines de investigación o docencia, mediante la presentación de un proyecto donde deberá indicarse además de las especificaciones establecidas en la Ley que se reglamenta las siguientes”.

Para quienes no somos juristas, parece un poco sorprendente lo de pedir permiso para pescar con un fin docente o de investigación. Pero no se precisa ser abogado para alarmarse con los requisitos adicionales según los cuales debe avisarse a Dinara: “los objetivos generales y específicos que persigue el proyecto de investigación; personal técnico participante, adjuntando currículum de cada uno de ellos”; más grave aún, se debe abrir el espacio a la censura, es decir el “compromiso de no dar a publicidad a cualquier tipo de información especialmente de los datos obtenidos, sin autorización expresa de la Dinara”

Es decir que si Dinara no comparte los objetivos de la investigación, o quién la hará puede no dar el permiso. Y que además hay que asegurar de antemano que se está dispuesto a no dar la información acerca de lo investigado sin que Dinara lo apruebe previamente.

Un decreto que va contra la esencia del trabajo científico, que debe ser abierto, colaborativo, interdisciplinario. Es inadmisible restringir el derecho a pescar con un fin científico. ¿Cómo va a pretender el Minsiterio de Ganadreía que quienes estudian Ciencias, o Veterinaria, o aún Agronomía dejen de hacer algo tan simple como pescar? ¿Quién va a fiscalizar que un científico vaya a una laguna y tire una red? ¿Un funcionario del MGAP? ¿Cómo se va a solicitar a un científico que la divulgación de los resultados no dependa de la calidad de la investigación sino de la autoridad?

En el caso de los científicos que quieran hacer colectas, ¿se les prohibiría acercarse con calderines a los cursos de agua? No solo es un caso de censura, sino que una censura que solo podría causar risa. Si no fuera por la gravedad que conlleva. Porque lo que está en juego no es solo la calidad de la ciencia sino los valores democráticos de libertad de cátedra y circulación transparente de la información.

En este tema el MGAP es como el pez que muerde con ganas un anzuelo: por la boca muere. Que el MGAP o la Dinara se adjudique una exclusividad y un control a la comunidad científica, implica una enorme contradicción. En Uruguay hay pesca ilegal con redes de trama fina, hay pesca con explosivos y según muchos dicen, pesca de arrastre que destruye los comederos de los peces costeros. No lográndose esos controles básicos, ¿se va a intentar controlar a docentes y estudiantes de la facultad de Ciencias para que no investiguen o divulguen los resultados de una investigación?

Por otro lado, el decreto lleva inevitablemente a la conclusión, o al menos a la justificada sospecha de que en nuestros ríos, arroyos y peces hay datos que es mejor que no se divulguen a la población. Una población que toma litros y litros de mate y figura alto en el ranking de cáncer a nivel mundial.
Además de la salud hay una marca de Uruguay Natural a defender. Y ese decreto no lo hace.
Muchos peces tienen residuos de agroquímicos. Como la miel los tiene. Porque abejas y peces van recolectando y porque respirar agua es pasar agua por un filtro que extraiga el oxígeno. Hay que asumirlo tal como es. Mirar el asunto a la cara y con muchos ojos trabajando en equipo. Sin dogmas de ningún tipo.

Tenemos que pensar cómo hacemos nuestra actividad agropecuaria con eficiencia y al mismo tiempo, llevar la incidencia de fósforo, nitrógeno y otros residuos en el agua a los menores posibles con la meta del cero residuo en un plazo razonable.

A veces se proponen soluciones simplistas e inaplicables. Pero también para encontrar las soluciones a una producción de alto rendimiento y menos residuos es imprescindible más ciencia nacional funcionando en plena libertad. Falta muchísima ciencia para llegar a sistemas de producción de gran escala que no aporten residuos.

Seguramente hay que avanzar sobre todo en el manejo sistemático del ecosistema. Hay que agregar precisión a la agricultura, hay que instaurar franjas de cultivos protectores entre las zonas agrícolas y los cursos de agua, seguir controlando la erosión, defender activamente al monte natural y las áreas cercanas a las orillas de los ríos y arroyos, educar respecto al daño que genera tirar un envase en un arroyo, acelerar el uso de productos cada vez más selectivos y basados en el control biológico.

Sabemos poco de nuestras aguas, tanto en lo fluvial como en lo marítimo. Todos los pescadores costeros dicen que cada vez hay menos pescado y lo aceptamos como si se tratase de un agujero negro que hiciera mermar inexorablemente la población de corvinas, brótolas, anchoas y tantos otros peces otrora más abundantes.

La sobreexplotación de los recursos pesqueros y de la pérdida de calidad de aguas es un problema en todo el mundo y Uruguay no es la excepción. Y es de los pocos aspectos del ambiente donde hay resultados positivos allí donde se toman decisiones políticas basadas en ciencia. El Támesis fue declarado biológicamente muerto hace 60 años y hoy bulle de peces, aves y hasta focas.

El intento de la censura debe llevar a un renovado entusiasmo por el pensamiento científico y por las condiciones ambientales en las que vivimos. Que científicos, de todas las disciplinas e instituciones estudien, midan y cumplan con informarnos a los ciudadanos sin vigilancias estatales.

Para algo tenemos una Universidad autónoma que no debe someterse al poder político de turno. Que salgan a recolectar peces y aguas y midan su composición. Que lo divulguen sin control previo de ninguna índole, excepto la revisión entre pares que certifique la ausencia de errores en la medición realizada. Que no paren hasta encontrar soluciones que, sin frenar a la producción, nos devuelvan la tranquilidad de que lo que sale de las canillas es sola y únicamente H2O y que los peces tienen en sus músculos, solamente carne.
Fuente: El Observador 

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“Río Negro: A las cianobacterias no les interesan las estadísticas”.

14/07/2018

Las autoridades ambientales uruguayas justifican con argumentos inconsistentes la determinación de UPM de instalar su nueva planta de celulosa en el curso medio del Río Negro

El subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Jorge Rucks, y el director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dianama), Alejandro Nario, concurrieron, el 13 de junio pasado, a la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados para informar sobre la contaminación del Río Negro y el posible impacto de la nueva planta de celulosa de la empresa UPM.

Los miembros de la comisión parlamentaria querían conocer los estudios de impacto ambiental del gobierno que llevaron a aprobar la Viabilidad Ambiental de Localización de la planta “en un tiempo récord en una cuenca de menor caudal, ya contaminada, para una planta del doble de producción de la instalada sobre el Río Uruguay”, según planteó el diputado colorado Walter Verri. Los legisladores también solicitaron información sobre los estudios técnicos que fueron manejados entre la empresa y el Poder Ejecutivo sobre el impacto de esa planta de celulosa sobre el Río Negro.

“Durante un período bastante extenso ellos (UPM) dijeron que pensaban localizarse sobre el Río Negro, pero no definieron el lugar específico hasta el momento en que identificaron el predio y dijeron: Vamos a estar aquí”, explicó Rucks. El subsecretario agregó que las conclusiones de la empresa resultaron “tranquilizadoras” (sic) porque el lugar elegido es la mejor localización posible de la planta sobre el río.

De las explicaciones de las autoridades ambientales se desprende claramente que las negociaciones estuvieron pendientes de las decisiones de UPM y las diferentes áreas del gobierno se adaptaron a las mismas a posteriori. En la comisión parlamentaria, Rucks y Nario expusieron las razones por las cuales la localización de la planta de celulosa frente a Paso de los Toros sería la más apropiada.

Relativizando las condiciones del río.

Al explicar el estado actual de las aguas del Río Negro, el subsecretario del Mvotma procuró relativizar la gravedad del problema comparándolo con lo que sucede en los países vecinos y también con otras cuencas de nuestro país.

“El fósforo es el nutriente más preocupante y es un tema generalizado en todo el sur de América; el mismo problema de los cursos de agua con niveles de fósforo superiores a los óptimos. Tanto en Argentina como en Brasil, como en nuestros cuerpos de agua, el fósforo tiene una presencia importante, por encima de lo que sería óptimo para asegurar la calidad del agua”, dijo Rucks.

Agregó que “si uno compara la presencia de fósforo en esta cuenca con la cuenca del Santa Lucía o con otras, advierte que el Río Negro está muy por debajo en general; hay comportamientos diferenciales a lo largo de todo el río, pero está por debajo de otras cuencas que tienen un uso más intensivo”.

A continuación, el funcionario identificó las fuentes de la contaminación y señaló que el Río Negro entra al país ya con un alto nivel de fósforo y nitrógeno:

“El Río Negro nace en Brasil, donde tiene un área de un 9% y todo el resto está en Uruguay. Esa pequeña parte es muy importante porque juega un rol destacado en la calidad del agua que nos llega desde Brasil”, dijo Rucks. Sostuvo que “la cuenca alta determina el comportamiento general del río, dándose las situaciones más complicadas con relación a la presencia de fósforo y nitrógeno”.

Ya dentro de Uruguay, la calidad del agua mejora en la cuenca media. “Es una zona ganadera más extensiva, con pequeñas explotaciones agrícolas. Por lo tanto, hay un uso diferencial de los agroquímicos en relación a la cuenca alta, lo cual no quiere decir que no se utilicen”, explicó el subsecretario. Pero la contaminación aumenta aguas abajo, por la presencia de los embalses y la ciudad de Mercedes.

“Si en algún momento hubo que tomar definiciones en diálogo con la empresa con relación a la localización sobre el Río Negro, parecía claro que había una zona que tenía mejores condiciones”, dijo Rucks ante los diputados dando a entender que las autoridades ambientales aprobaron la localización de la planta de celulosa en la cuenca media porque allí el río estaría mejor.

El razonamiento oficial es sorprendente, porque el río sigue su curso y si autorizan un mayor vertido de contaminantes en el medio, eso quiere decir que la situación en la desembocadura, ya problemática, será mucho

Minimizando los aportes de la planta.

Para justificar los aportes contaminantes de la planta de celulosa en esa zona del Río Negro, las autoridades recurren a modelos de análisis y a cifras de los vertidos que no se compadecen con los estudios sobre el comportamiento del río.

“Reitero que en la zona central y media la calidad del agua y la presencia del fósforo es menor”, enfatizó el viceministro. “Esta es la situación general -agregó Rucks- Hay situaciones de eutrofización y producciones algales, y muchas veces en las zonas de las presas, donde se retiene el agua, se producen situaciones particulares, pero no son generales”. ¿Cuál es la validez técnica de esta afirmación?
El hecho que el Río Negro contenga tres grandes represas y que el lugar elegido por UPM para la instalación de su planta de celulosa sea en uno de esos embalses -el situado entre las represas de Rincón del Bonete y Baygorria- no permite tratarlos como situaciones particulares.

El investigador del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, Luis Aubriot, explicó en diálogo con Sudestada que ese enfoque es “un punto de vista muy ingenieril, tomando al río como si fuera un canal homogéneo, pero el Río Negro tiene muchas ramificaciones, sobre todo los embalses son muy heterogéneos, diferentes niveles de retención del agua y tiempo de residencia. Posiblemente los aportes de la empresa se concentren en algunos brazos y algunas zonas donde se generen explosiones de cianobacterias”.

Al exponer a los legisladores cuál sería el aporte de los efluentes de la planta de UPM, el director de la Dinama lo vinculó con el nivel de contaminación existente: “En cargas medias los valores que manejamos siempre son inferiores al 5% para no hablarles de 2% o 3% y brindarles un valor seguro, o sea que el aporte que haría la planta siempre va a estar por debajo del 5% del aporte del resto de la cuenca”.

El argumento central para justificar la autorización ambiental es que la planta de UPM solo agregaría un poco más al estado actual del río. “Lo que quisimos mostrar con la situación de base es lo que significan los aportes de fósforo y de nitrógeno del sector agropecuario al Río Negro. El aporte de la planta cuando lo estudiamos es infinitamente menor, es marginal”, concluyó Rucks en la comisión.

“No se puede afirmar alegremente que será un aporte de un 3% en forma permanente. Eso es solo a nivel estadístico, a las cianobacterias no les interesan las estadísticas y las escalas anuales”, aseguró Aubriot.

“Las cianobacterias no se manejan a escalas anuales, sino a escalas diarias. La cuestión es cuánto tiempo estará el caudal del río por debajo de su nivel medio, por sequía, etc., cuánto representará la contaminación y qué efecto puede tener en las cianobacterias”, agregó el investigador.

Decir que solo se agrega una pequeña porción al grado de contaminación existente es un argumento utilizado en forma reiterada desde la instalación de la planta de celulosa de Botnia en el Río Uruguay y cada vez que aparece un nuevo proyecto. Es claro que, de esta manera, se contribuye a agravar la situación, no a mejorarla.

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Fuente: sudestada.com.uy

Alarma científica por decreto se controla las investigaciones marinas.

06/07/2018

La norma exige que las investigaciones sobre el agua sean autorizadas por el Estado. “No hay algo parecido en el mundo”, dicen los científicos.
La comunidad científica está alarmada por un decreto que “amordaza” las investigaciones sobre el agua. La nueva normativa, firmada por el presidente Tabaré Vázquez, exige que se notifique a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) antes de investigar, algo que desató la preocupación del propio rector de la Universidad de la República, Roberto Markarian.
El pasado 24 de abril, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley de Recursos Hidrobiológicos que fue aprobada en 2013 a través de un decreto firmado por los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; Relaciones Exteriores; Ganadería, Agricultura y Pesca, y Defensa Nacional.
El Capítulo VII del decreto establece que la investigación de pesca quedará centralizada en la Dinara, un organismo que depende del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
La reglamentación, dada a conocer por el portal Sudestada, señala que esta dirección es la que dará autorizaciones de permisos de pesca “con fines de investigación, científicos y docentes”, a la vez que divulgará los resultados.
En Uruguay son varios los organismos nacionales y departamentales que realizan pesca de investigación. Entre ellos, la Facultad de Ciencias, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), la Intendencia de Montevideo y la propia OSE.
El Decreto 115/018 establece que los permisos para hacer este tipo de investigación podrán ser solicitados a la Dinara “por personas físicas o jurídicas” mediante “presentación de un proyecto”.
Según se establece, los investigadores deben cumplir una serie de requisitos. Entre ellos: antecedentes técnicos de las personas o instituciones solicitantes; objetivos generales y específicos que persigue la investigación; resultados esperados, personal técnico participante, adjuntando currículum de cada uno de ellos y compromiso de no dar a publicidad cualquier tipo de información —especialmente de los datos obtenidos— sin autorización expresa de la Dinara.
Estas exigencias son resaltadas en varios artículos del decreto. “Los resultados y datos obtenidos en lo que respecta a las competencias de Dirección Nacional de Recursos Acuáticos deberán ser puestos a disposición de este organismo antes de su utilización o divulgación en cualquier medio”, indicó.
Tras la divulgación del decreto, investigadores y científicos de diferentes ámbitos, incluidos de la propia Dinara, manifestaron su sorpresa y preocupación.
Perplejos por la nueva normativa, 15 investigadores y docentes de la Facultad de Ciencias presentaron un recurso administrativo ante el Poder Ejecutivo, donde piden la revocación del Decreto 115/018.
La impugnación señala que el reglamento está “viciado” ya que fue dictado “en clara violación a las reglas de Derecho y/o con desviación, abuso y/o exceso de poder”, informó el portal Sudestada.
La Udelar está preocupada por este tema. A pedido de su rector, Roberto Markarian, hoy se reunirá el decano de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina, con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, para conversar sobre el tema. “Hay ciertos formalismos que parecen excesivos en cuanto a la investigación científica”, comentó Cristina a El País.
Si bien la Udelar no lo impugnó, el rector indicó que hará los esfuerzos para que quede en suspenso.
“Que las investigaciones científicas haya que proporcionarlas a un organismo de gobierno antes de divulgarlas no se estila en ningún país del mundo”, comentó el decano de la Facultad de Ciencias.
Cristina añadió que si se hacen investigaciones en áreas protegidas según la consideración del gobierno, es “lógico que se tenga que llenar determinados formularios”. “Pero si por cada proyecto tengo que enviarle el currículum de cada persona que va a actuar, es algo imposible”, se quejó.
Uno de los investigadores que impugnó el proyecto fue Daniel Panario, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales y coordinador de la Maestría en Ciencias Ambientales. “No puedo juzgar intenciones si es que las hubo. Hay que preguntarles a los autores de la reglamentación de la ley de pesca. Lo que está claro son las consecuencias que tiene. Es un decreto que amordaza la investigación en recursos acuáticos, que es uno de los temas más importantes del instituto que yo dirijo”, sentenció.

“¿Cuál es el currículum de los que nos van a juzgar?”
El director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Daniel Panario, criticó que este decreto “juzgue” a los profesionales.
“Juzgan a los investigadores como si los investigadores no estuviéramos juzgados por la propia Universidad. ¿Cuál es el currículum de los que nos van a juzgar si somos buenos investigadores o no? ¿Quién tiene esa capacidad? ¿Cuál es el académico que va a juzgar lo que yo hago de acuerdo a mi currículum?”, se preguntó.
El experto dijo que es un decreto “ridículo”. “Quiero creer que pasó desapercibido a quienes lo firmaron (…) Esto no es pesca de investigación. Es cualquier cosa biológica que se investigue en el agua”, indicó.
El científico aseguró que muchos investigadores están molestos con este decreto que “amordaza a muchos organismos del Estado”. “Por ejemplo a OSE, que está monitoreando la calidad de agua para baños, porque dos por tres florecen algas tóxicas”.

Los cuatro puntos de la discusión.
1 – Un decreto polémico
El Decreto 115/018 exige a los investigadores presentar “un proyecto” que solo puede ser divulgado con la autorización de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, organismo del Ministerio de Ganadería.

2 – Antecedentes y más costos
El decreto exige que los investigadores presenten información del “personal técnico participante” del proyecto, “adjuntando currículum de cada uno de ellos”.
Además, deben asumir “el compromiso de embarcar a su costo los técnicos que la Dinara determine durante el desarrollo del programa a fin de controlar las actividades”.

3 – Hubo una impugnación
Un grupo de 15 docentes e investigadores impugnó el decreto bajo la premisa de que provoca “la violación a las reglas de Derecho y/o con desviación, abuso y/o exceso de poder”. Según la impugnación dada a conocer por Sudestada, el decreto “lesiona su interés directo, personal y legítimo, así como viola su derecho subjetivo”.

4 – Presión de la UdelaR
El rector de la Universidad de la República, Roberto Markarian, se mostró preocupado por el tema. Por este motivo, le pidió al decano de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina, que convoque una reunión con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, con el objetivo de intentar dejarlo en suspenso.
Fuente: El País

“Es inexplicable que el país no tenga una licenciatura en oceanografía”.

20/06/2018

Este encuentro organizado por la Academia Nacional de Ciencias fue, aunque imperfecto, una buena demostración de que la ciencia, más allá de su valor intrínseco, es uno de los resortes para generar crecimiento genuino. Lamentablemente, nadie del gobierno ni de los tomadores de decisiones, salvo los que tuvieron que honrar su compromiso con la mesa redonda o las ponencias, se dio una vuelta por el Solís.

Tanto por saber… y tan poco dinero

Academia Nacional de Ciencias organizó jornada sobre el Uruguay oceánico y antártico.
Probablemente con la idea de demostrar que la ciencia es cultura, la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay (Anciu) decidió realizar la jornada “Uruguay oceánico y antártico: desafíos y oportunidades” en la sala Delmira Agustini del teatro Solís. La sala estaba casi colmada por científicos, estudiantes y miembros tanto de la academia en general como de la Academia que convocaba. Estructurada en torno a ponencias de no más de 30 minutos, que la actividad llevara de las 14.00 a las 20.00 del jueves es un indicador de lo mucho que nuestros investigadores tratan de conocer sobre el océano y el continente blanco, sobre todo teniendo en cuenta que la extensa jornada fue apenas un panorama de lo que se investiga al respecto y no un recorrido exhaustivo de todas las investigaciones que hombres y mujeres de ciencia están llevando a cabo sobre esos temas.

De hecho, entre los participantes ni siquiera estuvieron todos los organismos y centros que tienen que ver con las aguas profundas y la Antártida. A la presencia del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), de las facultades de Ciencias e Ingeniería y del Instituto Antártico Uruguayo (IAU), habría que sumarle otras tantas instituciones que no estuvieron presentes en lo formal, como la Facultad de Química, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), el Instituto de Investigaciones Pesqueras de la Facultad de Veterinaria o el Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada (SOHMA), entre otras. De todas formas, hacer algo, aunque no estén todos, siempre es mejor que no hacer nada en absoluto.

La bienvenida estuvo a cargo de Rafael Radi, presidente de Anciu, quien destacó que juntarse a pensar sobre los desafíos científicos que representan la Antártida y los océanos “es de suma importancia, tanto por la ampliación de la plataforma marítima del país como del aumento de actividad científica en la Antártida”. El decano de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina, ofició de maestro de ceremonias, y, antes de que comenzara la primera ponencia, destacó que como académicos es parte de su deber “generar un diálogo entre instituciones del Estado en temas que son importantes como política nacional”.

El océano y el agro
El primero en disertar fue Marcelo Barreiro, del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias. En su ponencia, titulada “El rol de los océanos en el clima presente y pasado” el investigador hizo hincapié en que “no hay forma de estudiar el clima sin entender los océanos y su rol”, y expuso sobre cómo los océanos absorben 93% de la energía que los humanos ponemos en el sistema y que gracias a este rol “moderador” de las aguas oceánicas, la temperatura del planeta no han subido tanto.

Luego de seguir enumerando características y datos relevantes, Barreiro conectó lo que pasa en los océanos y la vida en tierra firme. “Los océanos dan predictibilidad, ya que ordenan la dinámica caótica de la atmósfera” dijo, y agregó que “en Uruguay hay una gran variabilidad en las precipitaciones consideradas año a año, pero hay una tendencia en los últimos 80 años de un aumento de 20%”. Para el investigador, “esta variabilidad anual es predecible por la acción de los océanos”, y destacó que “Uruguay es uno de los pocos países del mundo que tienen gran incidencia oceánica en su clima, por lo que hay un gran potencial de predictibilidad que no estamos usando”.

Barreiro afirmó que “hay poca gente trabajando en cómo la variabilidad oceánica incide en la variabilidad interanual de las lluvias” y que “nadie en nuestro país se dedica a predecir el fenómeno de El Niño que afecta tanto a la producción”. Barreiro es consciente de que “las ciencias marinas son caras”, mostró un gráfico que rankea a los países, y disparó que “Uruguay está en el último lugar de la lista en cuanto a investigación oceánica”, dato que complementó con el del índice de especialización que muestra que el país está “por debajo de la media mundial en cuanto publicaciones sobre océanos y clima”.

El tema fue retomado dos ponencias más adelante, cuando Madeleine Renom, directora del Inumet y también integrante de la Unidad de Ciencias de la Atmósfera del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias, llegó con su “Fenómenos climáticos extremos y relación con los océanos”. Luego de dar un panorama de cómo ha venido cambiando el clima en nuestro país (entre otras cuestiones generales, una disminución de los extremos fríos, un achicamiento de el período de heladas y un aumento de las precipitaciones extremas, así como un crecimiento leve de la frecuencia de ciclones extratropicales), aseveró que “en nuestra región tenemos, en primavera y verano, predictibilidad potencial de precipitaciones a escala estacional”, y que ello “está relacionado con los océanos” (tanto por fenómenos como El Niño y La Niña como por la oscilación de Madden-Julian).

Renom mostró recortes de prensa que cuantifican las pérdidas ocasionadas al agro debido a la sequía de este verano y las lluvias copiosas del invierno pasado, y reflexionó: “La sequía de este verano se había anunciado entre el Inumet y la Facultad de Ciencias, pero ese conocimiento no sirvió para mitigar sus consecuencias económicas”. En el aire del Solís quedó flotando la idea de si no será más barato invertir hoy en conocimiento que permita tomar medidas antes de que la sequía o las inundaciones lleguen, que andar asistiendo luego a los productores damnificados. “¿Cómo se hace el link entre los que generan conocimiento en base a la ciencia y los tomadores de decisión?”, se preguntó Renom, y uno lamenta que entre los asistentes al evento no hubiera nadie ni del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ni del de Economía y Finanzas, ni nadie de los que desde el gobierno se preocupan por las consecuencias del cambio climático en la matriz productiva.

País productivo
Las disertaciones de Yamandú Marín (Unidad de Ciencias del Mar-Facultad de Ciencias, quien además trabaja en la Dinara) y de Gerardo Verolavsky (Instituto de Ciencias Geológicas-Facultad de Ciencias) compartieron cierta inquietud común: cómo generar conocimiento que nos permita administrar –y explotar– los recursos que tenemos bajo el agua. Mientras Marín tituló su conferencia “La pesca en Uruguay: situación actual y perspectivas”, Verolavsky nombró a la suya “Presente y futuro de la exploración geofísica y geológica en la plataforma continental uruguaya”. En ambas disertaciones quedó en claro que es mucho más lo que tenemos por hacer que lo que actualmente estamos haciendo.

Marín habló del marcado descenso que está padeciendo la pesca industrial (tanto en número de embarcaciones como en valores de exportación) en los últimos 15 años y de un modesto crecimiento en la pesca artesanal que “tal vez se explique, en parte, porque se está registrando mejor”. El experto afirmó que en Uruguay “hay pocos estudios de largo plazo sobre la industria pesquera”, al tiempo que alertó sobre consecuencias palpables del cambio climático: “Nuestra zona demuestra un aumento de la temperatura superficial del océano”, cuya consecuencia se aprecia en que “las isotermas de 15 grados para la merluza se están desplazando hacia el sur”. El aumento de las temperaturas oceánicas no sólo hace que las merluzas se alejen, sino que “los años cálidos también tienen un impacto en la cantidad y la salud de las almejas amarillas”, hay un “aumento sostenido tanto en la duración como en la intensidad de las mareas rojas”, e incluso apuntó que, “dado el aumento de la frecuencia y la intensidad de los vientos del sudeste”, los días aptos para la pesca son mucho más escasos. A todo este panorama, bastante desolador pero que depende de causas que superan a nuestro país, Marín agregó algo que le duele especialmente a la actividad pesquera: “En cuanto a la ciencia, hay una disminución de recursos humanos y de la actividad científica”.

La intervención de Verolavsky fue más optimista, dado que lo que hizo fue relatar la heroica gestión que culminó con la extensión del dominio de Uruguay sobre el mar. Sin embargo, pese a mostrar todo lo que conocimos en este proceso de petición de extensión de soberanía ante la ONU y de la información generada por las exploraciones de las petroleras, Verolavsky también coincidió con sus colegas y dijo que “es inexplicable que el país no tenga una licenciatura en oceanografía o formación de grado en geofísica”.

Ciencia blanca
Luego fue el turno de la ciencia antártica. Erna Frins, de la Facultad de Ingeniería, contó su experiencia con métodos innovadores para el estudio de la atmósfera en el continente blanco, lo que es relevante, por ejemplo, para seguir de cerca lo que sucede con la capa de ozono. Y hablando del efecto de la vida humana en el planeta, Natalia Venturini (Biología-Facultad de Ciencias) disertó sobre las investigaciones que hizo en un continente que no es tan prístino como quisiéramos. “La Antártida sí está afectada por impactos humanos”, afirmó la bióloga, que mostró que, entre otras cosas, allí hay contaminación por petróleo, contaminantes orgánicos persistentes y, cómo no, la presencia de micro y macroplásticos.

Las siguientes dos disertaciones se centraron en los habitantes más pequeños de la Antártida, ya que tanto Silvia Batista (investigadora del IIBCE) como Susana Castro (Bioquímica y Biología Molecular-Facultad de Ciencias) disertaron sobre las investigaciones que realizan en los microorganismos del continente helado. Batista contó cómo estudian los tapetes microbianos en la isla Rey Jorge y dijo, con preocupación, que hallaron “integrones clase 1 intrahospitalarios” en las comunidades bacterianas analizadas. Dicho de otra manera: aun en la Antártida las bacterias poseen genes que transfieren resistencia a los antibióticos. Por su parte, Susana Castro contó los maravillosos estudios sobre bacterias antárticas que le permitieron a su equipo producir enzimas (fotoliasas) capaces de prevenir y reparar el daño que produce en los genes la radiación ultravioleta.

Las ponencias científicas culminaron con Ana Silva (docente de la Facultad de Ciencias e investigadora del IIBCE) y su conferencia “Ritmos circadianos: hábitos de sueño desafiados por el verano antártico”. En ella relató que “la Antártida es un laboratorio natural” para hacer investigaciones sobre el reloj biológico y los ritmos circadianos, “dado su extremo fotoperíodo en verano y el impacto que este tiene en la fisiología humana”. Dado que el último premio Nobel de Fisiología fue para tres investigadores que se adentraron en los mecanismos moleculares del reloj biológico, el campo de la cronobiología hoy no sólo es atractivo, sino que está siendo tomado en cuenta desde diversas disciplinas. Silva mostró cómo los ritmos circadianos de los estudiantes de la Escuela Antártica, ya de por sí extremadamente nocturnos, fueron afectados en la Antártida.

Mesa redonda
La jornada culminó con una mesa redonda conformada por Carlos Colacce, secretario nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático; Álvaro Ons, secretario nacional de Transformación Productiva y Competitividad, y Alberto Fajardo, representante de cancillería en el IAU. Más allá de lo correcto y de las buenas intenciones que los tres pusieron sobre la mesa, lo que dijeron no logró sacarles a los asistentes el sabor amargo de la falta de presupuesto para la investigación y de políticas de Estado para la ciencia. “La institucionalidad que tenemos no es la ideal, pero hay necesidad de ponerse a trabajar” dijo Ons, al tiempo que afirmó que “hay que impulsar la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, que es el ámbito creado para estos fines de ciencia, tecnología e innovación”.

Entre el público, Rafael Radi, que hasta hace poco reclamaba por todos los medios que el gobierno asumiera el compromiso firmado del 1% del Producto Interno Bruto para investigación y desarrollo, nada dijo. Tal vez, luego de tantas cartas desoídas, sea hora de decir con hechos. Este encuentro organizado por la Academia Nacional de Ciencias fue, aunque imperfecto, una buena demostración de que la ciencia, más allá de su valor intrínseco, es uno de los resortes para generar crecimiento genuino. Lamentablemente, nadie del gobierno ni de los tomadores de decisiones, salvo los que tuvieron que honrar su compromiso con la mesa redonda o las ponencias, se dio una vuelta por el Solís.
Fuente: https://ciencia.ladiaria.com.uy/articulo/2018/6/tanto-por-saber-y-tan-poco-dinero/
Escribe: Leo Lagos en Comunidad científica

Una empresa tiene la mitad de las patentes del mar

13/06/2018

La secuencias genéticas de casi 900 especies marinas ya están sujetas a alguna patente internacional. Son 10 los países del mundo que acaparan el 90% de las patentes de genes marinos, entre los que se incluyen algunos presentes en aguas internacionales, “una cifra muy llamativa” si tenemos en cuenta que esta decena de países posee el 20% de las costas del mundo. Los tres primeros, Estados Unidos, Alemania y Japón, abarcan el 70% de estas patentes y otro de ellos, Suiza, no posee si quiera aguas marinas jurisdiccionales.

Corporate control and global governance of marine genetic resources. Blasiak R., Jouffray J.†, Wabnitz C.†, Sundström E. and Österblom H. Science Advances 06 Jun 2018: Vol. 4, no. 6, DOI: 10.1126/sciadv.aar5237

Junto a un grupo de colegas, Blasiak acaba de publicar un estudio de las patentes relacionadas con la vida marina. El trabajo, aparecido en Science Advances, ha encontrado patentes internacionales que protegen (en el sentido de otorgar derechos exclusivos a su propietario) a casi 13.000 secuencias genéticas pertenecientes a 862 especies marinas. La primera patente, de 1988, afecta a la anguila europea. Desde entonces, otros miles de porciones de especies han sido patentadas. Aunque hay secuencias de animales tan gigantescos como el cachalote o la mantarraya, el 73% de las patentes están asociadas a microorganismos. Además de sus potenciales usos en medicina o en la industria, las minúsculas bacterias o arqueas no están protegidas por el principio de no patentabilidad de la vida. Sin embargo, algunos mamíferos, peces (16% de los registros) o moluscos (3%) no escapan a las patentes.
Una sola empresa acapara el 47% de las patentes internacionales de especies marinas. En el ámbito de los estados, tres países controlan dos tercios de las patentes. El estudio que incluye estos datos muestra también que, a pesar de su cuestionable legalidad, el número de solicitudes de patente internacional de la vida marina no ha dejado de crecer: hoy miles de secuencies genéticas de casi un millar de especies son propiedad de alguna empresa u organismo privado.
En principio, y dejando a un lado la biología sintética, la vida no se puede patentar. Los seres humanos no pueden solicitar una patente que afecte a otro ser vivo que ya está inventado. Sin embargo, los avances de la ciencia, en particular la posibilidad de aislar material genético ha venido debilitando aquel principio. Y desde la última década del siglo pasado el registro de patentes que incluyen secuencias genéticas de organismos ha ido en aumento… también en el mar.
“En algunos países, la legislación permite registrar una patente sobre una secuencia genética”, dice el investigador del Centro de Resiliencia de Estocolmo, un instituto de investigación, independiente dedicado al desarrollo sostenible, y principal autor del estudio, Robert Blasiak. “En otros, como EE UU y Australia se necesita un extra de invención. En estos casos se patenta un proceso concreto en el que interviene una secuencia genética, por ejemplo un proceso de síntesis de un biocombustible en el que participa una determinada porción de ADN de un organismo vivo. En estos casos, tanto el proceso como la secuencia genética asociada son el objeto de la patente”, explica Blasiak.

Concentración
El grado de concentración de las patentes en unas pocas manos es enorme. Aunque los autores del estudio encontraron varios centenares de solicitantes de patentes, la compañía química BASF tiene concedidas el 47% del total. “Creemos que una de las razones para este papel dominante es que el umbral de rentabilidad de este tipo de investigación es muy alto, es caro acceder a los recursos genéticos marinos, es caro investigar y realizar los posibles ensayos clínicos asociados con su uso comercial y en todas estas actividades los plazos son muy inciertos y, en ocasiones, prolongados en el tiempo”, recuerda Blasiak. Pero el caso de la química alemana es tan extremo que escapa a esa lógica.

El estudio también muestra que, por tipo de propietario, el 84% de las patentes son de corporaciones privadas, un 12% de universidades y, el resto, de organismos o institutos públicos. Por países, una decena de ellos controla el 98% de las patentes, con Alemania (49%), EE UU (13%) y Japón (12%) muy destacados. Hay 165 países, muchos de ellos con mucho mar, que nunca han registrado una patente relacionada con una especie marina.

“No es sorprendente que la mayor parte de estas patentes esté en manos de empresas e instituciones basadas en los países más desarrollados” comenta el investigador del Instituto Español de Oceanografía, Jesús M. Arrieta. Son los que cuentan con “las tecnologías necesarias para explotar estos recursos”, añade. Arrieta, que no ha intervenido en este estudio, si analizó la situación en 2010, “Las conclusiones del artículo coinciden con las que obtuvimos entonces, donde veíamos que el 90% de las patentes relacionadas con recursos genéticos marinos estaban en manos de unos pocos (10) países”.

Para los oceanógrafos consultados, el genoma del océano debería ser patrimonio común de la humanidad

Para el oceanógrafo Carlos Duarte, “la patentabilidad de los genes marinos no es mala en sí, en términos de reconocer una contribución intelectual de alguien que ha determinado su función y posible aplicación”. Sin embargo, Duarte, director del Centro de Investigación del Mar Rojo de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá (Arabia Saudí), cree que debería ser compatible con “el carácter de patrimonio de la humanidad que el genoma del océano debe tener”.

Blasiak ve estas patentes como un indicador de investigación, desarrollo y progreso. “La consolidación de la propiedad en manos de un pequeño número de empresas es problemática, pero esto podría mitigarse mediante mecanismos voluntarios o regulatorios que provoquen que las empresas compartan más información sobre las patentes: ¿dónde se recolectaron los genes? ¿Cómo se rentabilizarán?” La cuestión de dónde proceden los genes es clave. En las aguas más allá de la jurisdicción nacional, dos tercios del océano, el acceso a los recursos genéticos no está regulado y no existe la obligación de compartir ni la información ni los beneficios.

La ONU iniciará en septiembre negociaciones sobre una nueva convención sobre las aguas internacionales donde el genoma oceánico será uno de sus ejes. Entonces, dice Blasiak “los países tendrán que decidir si los recursos genéticos encontrados en estas aguas serán considerados como patrimonio común de la humanidad o deberían estar bajo el principio de libertad de altamar por el que el primero que llega, se lo lleva”.
Fuente: El País.