El País Inteligente

No es solo una convicción del presidente electo. La mayoría de los uruguayos se encolumnan tras ella: el Uruguay juega su futuro en como logre posicionarse los próximos años en relación a la formación de su gente y en la dinámica de innovación productiva y social que logre instalar.

El paradigma que Pepe gusta llamar País Inteligente, uno en buena medida sustentado en recursos naturales con creciente valor agregado por medio del conocimiento como forma de inserción externa sostenible, se entronca con lo que en estos cinco años se denominó Uruguay Innovador y hunde sus raíces en un largo proceso iniciado apenas recuperada la democracia. Esta serie de cuatro notas veraniegas, sintetiza las dos primeras fases de dicho proceso; establece los puntos de partida con que se abrió la tercera, coincidente con el inicio del primer gobierno de izquierda; aporta información y opinión sobre lo actuado; y analiza fortalezas, debilidades y desafíos presentes de cara al segundo gobierno. Nos focalizaremos en aspectos vinculados a la ciencia, la tecnología e innovación (CT&I) sin entrar en los de la educación propiamente dicha, no porque no sean centrales o no estén interrelacionados sino porque otros actores más calificados hoy pueden aportar su mirada al respecto.

“Ya pasó, la tormenta ya pasó”

Recuperada la democracia podemos hablar de una primera fase cuyo objetivo fue construir una estructura científica de base que revirtiera, lo antes posible, el deterioro provocado por la dictadura, en términos tanto de recursos humanos capacitados como de infraestructura e equipamiento. Distintas iniciativas se concretaron, siendo las más relevantes: a) creación del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (Pedeciba); b) en la órbita de la Universidad: reinstalación del régimen de dedicación exclusiva para los investigadores, constitución de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) con sus programas concursables; y creación de la Facultad de Ciencias; c) revitalización del Conicyt y del Instituto Clemente Estable, dependientes del MEC; y d) creación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Nuevos fondos para la Universidad, así como dos importantes préstamos, uno administrado por el MEC, el llamado BID-Conicyt I, y otro, también del BID, que dio soporte a la organización del INIA y sus estaciones experimentales, apalancaron esta fase durante los primeros años pos-dictadura.

Toda fase tiene actores relevantes. En esta, el protagonismo principal recayó en la comunidad científica. Inicialmente pequeña y conformada por activos desexiliados que trajeron una serie de vínculos y financiaciones (convenios, donaciones), su accionar logró cristalizar, además, las primeras medidas legislativas específicas como el Fondo Clemente Estable en 1994 y el Fondo Nacional de Investigadores en 1996.

Como resultado global, se puede señalar que durante el primer decenio de recuperación democrática, un conjunto de nuevos investigadores se formaron en el país o en el extranjero mediante becas y pasantías y se fue instalando una muy aceptable infraestructura científica-tecnológica fundamentalmente en las áreas básica y agropecuaria.

La evaluación externa realizada una vez concluido el programa BID-Conicyt I, da cuenta de esa caracterización positiva. Pero, a la vez, señala la contracara del desarrollo científico obtenido: éste no se acompañó de una articulación con la demanda productiva que le permitiera proyectarse con mayor sustentabilidad. Fue lo que se denomina una construcción desde la “oferta”, característica en las fases iniciales en la mayoría de los países latinoamericanos, y muy particularmente cuando la gestión recae en los mismos académicos, ya sea por renuncia u omisión de los ámbitos gubernamentales.

“Si te dicen que todo va a mejorar, ya nos los mires”

Podríamos hablar de una segunda fase, entroncada en forma indiferenciada con la anterior, vinculada a las negociaciones de nuevos préstamos y a ciertas iniciativas, fundamentalmente intrauniversitarias. Hacia fines de los 90, sendos nuevos préstamos de 50 millones de dólares fueron negociados con el BID dando lugar, respectivamente, al Programa de Desarrollo Tecnológico (PDT), a cargo del MEC, y al Programa de Servicios Agropecuarios (PSA), administrado por MGAP-INIA. En los componentes de los mismos destaca un énfasis en problemas vinculados a la “demanda” productiva, como competitividad, emprendedurismo, asociatividad empresarial, etc.

Paralelamente, aunque sin ser parte de una política explícita y general, ciertos procesos universitarios fueron madurando, y en algunas facultades, no sin cuestionamiento por parte de otras, se impulsaron convenios de desarrollo y/o de servicios tecnológicos con empresas públicas o privadas. Se trataba, en consonancia con la debilidad expresada en la auditoría antes mencionada, de superar restricciones económicas, financiar equipamientos y grupos de investigación, así como establecer puentes extramuros más estables de modo de articular la capacidad universitaria instalada en la fase anterior, con la muy tímida “demanda” externa.

Analizando esta fase, el sujeto central tendría que haber sido uno que estuvo parcialmente ausente. Reivindicado -aunque no diferenciado de su contrapeso, el empresario tradicional rentista- por parte del discurso gubernamental; y requerido por los sectores más dinámicos de la oferta científico-tecnológica, el empresario innovador escaseaba. En el marco de la ola neoliberal predominante en el continente, la apuesta a la demanda empresarial como motorizadora por sí sola de la creación de conocimiento endógeno, devino en el nuevo paradigma lineal regional pero sin tener en cuenta las características de los empresariados nacionales.

Al respecto, las encuestas sobre innovación empresarial son por demás terminantes: solo un tercio de las empresas manufactureras en nuestro país incorporaron alguna innovación durante el período 98-99, es decir previo a la crisis; fueron por demás escasas las pequeñas y medianas que destinaron recursos humanos propios a investigación y desarrollo o que lo demandaron a los ámbitos nacionales que lo podrían generar; y las más grandes, que sí hicieron innovaciones, las incorporaron generalmente desde el exterior vía bienes de capital. Caso excepcional, y dentro del sector servicios, es la industria del software que, con ciertas particularidades (exenciones fiscales específicas y volcadas directamente al mercado externo), logró abrirse un espacio y consolidarlo exitosamente.

La crisis de 2002 significó un duro mazazo sobre toda la actividad económica, cortó la investigación en laboratorios y centros tecnológicos, retrajo aún más las iniciativas innovadoras empresariales, y comenzó a cerrar abruptamente esta corta fase.

“Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión”

La novedad más relevante asociada a la crisis, fue la creciente visualización del sistema político de que los temas de C,T&I debían ser incluidos en la agenda política nacional. Ejemplos de ello son la creación de una comisión específica en el Senado; las instancias Eureka convocadas por el parlamento; el programa Cientis durante 2003 con la participación de 300 investigadores, empresarios, autoridades universitarias y políticos; y los anteproyectos de ley propuestos por legisladores de los tres partidos. Diríamos que culminando esta fase hubo un creciente protagonismo de la “política” incorporándose así la C,T&I a las plataformas electorales de 2004. En el FA esa centralidad adquirió máxima expresión, al constituir el denominado Uruguay Innovador uno de sus cinco ejes programáticos.

Sobre esa nueva realidad, y entroncado con el largo proceso de 20 años resumido, era posible plantearse la C,T&I en el marco de una política pública donde el Estado, junto con los otros relevantes actores, asumiera el indelegable rol que tiene para cumplir en la construcción de una sociedad motorizada por el conocimiento. Los tiempos del neoliberalismo, que dejaba todo a merced de las fuerzas del mercado y a la acción desarticulada de los actores, tenía los días contados. Otro paradigma, con enfoque sistémico y de sesgo progresista, que analizaremos en próximas notas, comenzaba a abrirse paso con el triunfo de la izquierda en 2004.
Por Edgardo Rubianes (Vicepresidente de ANII y coordinador del SNI)
rubianes@adinet.com.uy
Fuente: http://www.larepublica.com.uy


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